Ahora resulta que los derechos son crímenes


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Centro PRODH

¿Por qué pelean? ¿Por qué peleamos? Porque vivimos en un estado sin justicia. Todo mexicano nace con la promesa de que el gobierno se va a hacer cargo de la mayor parte de nuestras necesidades; el tema por el cual nuestra sociedad está más preocupada actualmente es: la seguridad.

Pero, ¿qué pasa?, cuando a la sociedad se le convence de que su seguridad depende de que la policía realice su trabajo, y este es: protegerte de los grupos manifestantes que están ocasionando daños a la propiedad privada en la sociedad; son anarquistas y por lo mismo crean caos, y la fuerza pública es la única forma de detenerlos… Por lo menos esa es la nota que revuelcan casi todos los medios.

La protesta social es un derecho del cual el pueblo hace uso para visualizar una problemática que lo aqueje; la concentración de voces debería forzar al gobierno a incluir estas demandas en la agenda política, pero, ¿por qué lo haría cuando estás demandas son el espejo de las deficiencias de su gobierno?

Desde el 68 se ha mantenido en las calles la presencia de grupos politizados como los: estudiantes, sindicatos, sectores obreros y del movimiento urbano popular, y desde este año se han desacreditado y reprimido.

Desde los 80’s el Distrito Federal se convirtió en el epicentro político del país; ya que ahí se encuentran los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Es más fácil descalificar a un movimiento, que tomar responsabilidad por las demandas exigidas; pero ahora, con el retorno del PRI, no sólo se crea una mala prensa de los manifestantes; se les está volviendo a reprimir. La SSP-DF reportó que en los años 2010-2012 no hubo intervenciones policiales en las manifestaciones; pero a partir del 2013 (más específicamente desde el 1 de Diciembre 2012) la policía ha cubierto 247 eventos.

En años recientes la protesta se ha transformado de un derecho a un crimen; por lo que la última ley aprobada por el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard fue: tipificar los actos cometidos en las movilizaciones como: terrorismo.

A esto debemos agregar que el 25 de marzo de 2013 fue publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal el acuerdo 16/2013 por el que se expide el Protocolo de Actuación Policial de la SSP-DF para el Control de Multitudes. Este protocolo surgió vía administrativa, —sin pasar por la Asamblea Legislativa— después de las protestas realizadas el 1 de diciembre de 2012 contra la toma de posesión del titular del ejecutivo federal. Durante esas manifestaciones la policía capitalina detuvo arbitrariamente y golpeó a manifestantes.

Al amparo de este protocolo se ha dado una mayor intervención policial en las manifestaciones para contener a multitudes, conducirlas, aislar a grupos de manifestantes, deshacer bloqueos, liberar calles y espacios públicos y restablecer el orden público.

La aplicación del Protocolo ha estado vinculada al incremento de violaciones a derechos humanos, tanto de participantes en las marchas como de personas que no tienen vínculo con quienes se expresan o que, como sucedió el 1 de septiembre y el 2 de octubre, documentaban la actuación policial.

De acuerdo con el Tribunal Permanente de los Pueblos el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos y por lo mismo debe dejar de obstaculizar a sus defensores; porque sólo protegiendo sus derechos se pueden proteger los de los demás; después de todo en México una paz discursiva, pero no real.

Información de PRODH

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