Realidad en las minas


Desde los años 90, empresas canadienses lideraron proyectos mineros en Chile, perjudicando principalmente a comunidades agrícolas. indígenas. pescadores artesanales y habitantes cercanos a las faenas mineras.

Los impactos de la inversión minera extranjera en el país han sido devastadores, ya que empresas trasnacionales mineras no brindan un apoyo económico suficiente para todas aquellas comunidades que fueron desalojadas de sus terrenos para llevar a cabo cada uno de los proyectos.

Por otro lado las condiciones de trabajo son precarías, debido a que el empleo como minero absorbe poco más del 1 % de la mono de obra, las condiciones de trabajo en su mayoría deterioran su salud, no respetan sus derechos sociales y la mayoría de los trabajadores dependen de sistemas de subcontratación extranjera.

Las denuncias y conflictos por la situación laboral son innumerables y permanentemente se realizan denuncias sobre el tema, hay paros y huelgas que afectan la producción minera.

A pesar de que Chile ha firmado diversos acuerdos comerciales con Canadá, estos no son suficientes para resolver los casos de reclamación hacia el acuerdo por no cumplir siquiera con la legislación nacional.

Casos

Entre los acuerdos  firmados entre Chile y Canadá se encuentra el Tratado de Libre Comercio que fue firmado en 1997, el cual tiene entre sus objetivos alentar la protección y el mejoramiento del medioambiente, elaboración de informes, medidas sobre contingencias ambientales, promoción de la educación ambiental y desarrollo científico y tecnológico en éste ámbito. Además de que se incorporaron dos textos anexos: un Acuerdo de Cooperación Ambiental y otro Laboral.

Sin embargo, el 30 de marzo de 2001, la Junta de Vecinos de Chepiquilla, junto a la organización Tongoy Acción Ecológica y el Centro Quebequence de Derecho Ambiental representado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales denunciaron la autorización del proyecto y actividad contaminante de la Empresa Minera El Carmen de Andacollo, en la Provincia de Elqui.

Se trata del segundo caso presentado a esta comunidad, resaltando que la actividad más contaminante se encuentran las pilas de lixiviación, las que forman un cerro de cobre de unos 520,000 metros cuadrados de superficie y capas superpuestas de 6 metros de altura, las cuales son rociadas con ácido sulfúrico a sólo escasos metros de la población de Chepiquilla.

La denuncia señala que la empresa minera realiza sus actividades sobre la base de un permiso ambiental ilegal ya que el Estudio de Impacto Ambiental presentado fue realizado en un procedimiento lleno de ilegalidades:

1 Omiten la existencia del reglamento según la Ley de Base del Medio Ambiente, el cual regula las evaluaciones de impacto ambiental.

2 Omite la falta de competencia de la Comisión Regional de Medio Ambiente.

3 Omite la participación ciudadana establecida por la mencionada ley.

4 Omite la legislación que regula el uso del suelo.

Denuncias administrativas, acciones legales y movilizaciones que la comunidad ha mantenido por 5 años, han agotado las instancias a nivel nacional.

Lo demuestra que la Comisión del Acuerdo Ambiental, manifiesta la ineficiencia de este mecanismo especializado para resolver problemas socio-ambientales, aumentando el desamparo de las comunidades afectadas.

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